El Partido Popular evita aclarar las dudas sobre el bienestar animal en Torrejón de Ardoz

Redacción Contraplano

En el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado el 1 de julio, el Partido Popular volvió a recurrir a una estrategia demasiado conocida: negar el problema, afirmar que todo está hecho y presentar como gestión ordinaria lo que, en realidad, sigue sin estar desarrollado con garantías suficientes.

Durante el debate de la moción presentada por el grupo municipal Más Madrid sobre bienestar animal, el Gobierno sostuvo que las medidas planteadas no eran novedosas, que ya estaban implantadas o que se encontraban en proceso. Una afirmación que, lejos de cerrar el debate, lo agrava. Porque si todas esas medidas existen, el Ayuntamiento debería poder demostrarlo con documentos, informes públicos periódicos, datos verificables, canales de seguimiento y mecanismos reales de participación. Y, hasta el momento, eso no ocurre.

La moción de Más Madrid no pedía declaraciones genéricas ni una enmienda vacía de contenido real. Pedía planificación, transparencia, control del servicio, seguimiento de avisos, protección y apoyo a las colonias felinas, atención veterinaria urgente en tiempos adecuados, protocolos ante animales en riesgo, participación de asociaciones y alimentadoras, y evaluación pública de la gestión.

Si el Partido Popular afirma que todo eso ya está implantado, debe explicar dónde está, cómo funciona, quién lo supervisa, qué presupuesto tiene y qué resultados ofrece.

Medidas que tenemos constancia que no están desarrolladas o que no han sido acreditadas públicamente:

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  • No existe un Plan Municipal de Bienestar Animal, ni una Mesa Municipal de Bienestar Animal.
  • No existe transparencia real sobre la gestión del Centro de Protección Animal.
  • No se facilitan informes sobre colonias felinas a los grupos municipales.
  • No existe un Plan Anual de Formación en Bienestar Animal.
  • Desde la salida de Hoope, según nos informan los propios ciudadanos que colaboran en colonias, no existen mecanismos de coordinación con entidades registradas, gestores de colonias ni alimentadoras.
  • No se realizan inspecciones recurrentes en el centro por parte de la Concejalía de Sanidad.
  • No todos los avisos de animales en vía pública o en espacios privados se comunican a la Concejalía de Sanidad, lo que impide realizar un seguimiento adecuado.
  • No consta que se haya abierto un expediente informativo municipal sobre las reclamaciones presentadas por alimentadoras y gestoras de colonias, ante casos tan graves como el gato que lleva más de dos semanas en el tejado de un edificio municipal.
  • Existe un servicio de recogida y atención veterinaria, pero varios ciudadanos denuncian incumplimientos desde la llegada de la empresa ARAT Veterinarios Torrelodones S.L.
  • Según la información recabada, las urgencias veterinarias se estarían derivando a una clínica en Torrelodones, a casi 60 kilómetros de Torrejón, una distancia difícilmente compatible con una atención urgente eficaz.
  • Existe un anexo en el protocolo de recogidas asociado a la Red de Protección de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, redactado por la asociación Hoope, pero no un Protocolo Municipal integral de Actuación ante Animales Vulnerables.
  • Existe un registro de entradas y salidas de animales para el control por parte de la Comunidad de Madrid, pero no un registro municipal completo de incidencias y avisos con animales.
  • No se ha realizado una revisión pública del modelo de gestión del Centro de Protección Animal.
  • Si existe un Programa Municipal de Gestión Ética de Colonias Felinas, no se ha hecho público, generando intranquilidad en los gestores del municipio.
  • No existe un programa efectivo de apoyo a alimentadoras y gestores de colonias felinas, ni se les dota de presupuesto para la alimentación.
  • Sigue existiendo una regulación discriminatoria hacia los perros catalogados como “potencialmente peligrosos”, con tasas que dificultan su adopción. Hoope ya solicitó su retirada, pero siguen vigentes, pese a ser superiores a las de otros municipios e incluso inexistentes en localidades como Alcalá de Henares.
  • No se conoce un Protocolo Municipal de Actuación ante Fauna Silvestre, ni un registro de avisos, ni informes mensuales sobre estos casos.
  • No existe un plan conocido de protección de patos y aves residentes en espacios públicos municipales, especialmente ante espectáculos, fiestas, conciertos u obras.
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Si existen protocolos, informes o documentación no publicados, deberían hacerse públicos por transparencia.

Resulta especialmente llamativo que el Gobierno municipal presuma de protocolos cuando buena parte de los existentes proceden del trabajo previo desarrollado durante años por la Asociación de Protección Animal Hoope. Es decir, no son fruto de una nueva planificación municipal impulsada por el actual modelo de gestión, sino de una experiencia acumulada por quienes sostuvieron durante años la protección animal en Torrejón desde el conocimiento directo, la especialización y el contacto diario con los animales, las colonias felinas y la ciudadanía.

Pero el problema de fondo ni siquiera es solo la existencia o no de protocolos. El problema real es su cumplimiento. De poco sirve afirmar en un Pleno que hay procedimientos implantados si, en la práctica, vecinos, alimentadoras y asociaciones denuncian falta de respuesta, descoordinación, inacción o actuaciones contrarias a esos mismos protocolos. Un protocolo que no se aplica, que no se supervisa y que no genera consecuencias cuando se incumple, no es una garantía: es una coartada administrativa.

Por eso, el debate no es si el Ayuntamiento puede enseñar un documento con membrete. El debate es si esos protocolos se están cumpliendo, quién controla su aplicación, qué ocurre cuando se incumplen y por qué las personas que están sobre el terreno siguen denunciando problemas graves en la gestión.

Especialmente grave resulta la intervención de la concejala Carla Picazo, que no solo defendió una versión complaciente de la realidad, sino que además evitó nombrar con precisión el cambio fundamental que se ha producido en la gestión del Centro de Protección Animal: el paso de una asociación de protección animal a una empresa privada. No es una cuestión menor ni un matiz lingüístico. No es lo mismo una asociación protectora, cuya finalidad principal es la defensa y protección de los animales, que una empresa privada adjudicataria de un contrato público.

Utilizar la palabra “entidad” para referirse indistintamente a ambas realidades puede parecer cómodo, pero no es riguroso. Sirve para difuminar una diferencia esencial: una asociación de protección animal trabaja desde una lógica social, voluntaria y especializada; una empresa privada actúa dentro de un contrato, con una estructura empresarial, un objetivo económico legítimo pero distinto, y unas obligaciones que deben ser fiscalizadas por el Ayuntamiento. Confundir ambas figuras, o fingir que son equivalentes, demuestra una preocupante falta de comprensión del servicio que se está gestionando.

Y si no es falta de comprensión, entonces es una forma de ocultar políticamente la realidad.

Resulta vergonzoso que, ante una moción que buscaba reforzar el bienestar animal en Torrejón, el Gobierno municipal respondiera con negación, autosatisfacción y falta de transparencia. Más aún cuando ya se han recibido quejas y reclamaciones de alimentadoras y personas vinculadas a colonias felinas por presunta inacción, falta de respuesta o mala praxis durante el primer mes y medio de gestión de la nueva empresa.

La ciudadanía no necesita discursos vacíos, necesita garantías. Necesita saber qué ocurre cuando aparece un animal herido en la vía pública, quién responde ante una urgencia veterinaria, cómo se gestionan las colonias felinas, qué pasa con las crías de aves caídas de nidos, qué protocolos existen ante eventos que afectan a animales en parques y cuál es el destino final de los animales recogidos.

Decir que todo está hecho no lo convierte en verdad. Si el Partido Popular quiere demostrar que la moción de Más Madrid no aportaba nada nuevo, tiene una forma muy sencilla de hacerlo: publicar los informes, las respuestas a las reclamaciones de alimentadoras y vecinos, los datos de manera transparente, los contratos, los indicadores, el protocolo de colonias felinas, los protocolos de la nueva adjudicataria y las resoluciones de cada aviso.

Hasta entonces, lo ocurrido en el Pleno no puede considerarse una explicación seria. Fue una respuesta defensiva ante una realidad incómoda: Torrejón de Ardoz necesita una política de bienestar animal mucho más transparente, profesional y participativa. Y negarlo no protege a los animales. Solo protege al Gobierno municipal de tener que rendir cuentas.

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