Un juzgado ha suspendido cautelarmente el lanzamiento hasta que el Ayuntamiento de Madrid remita un informe sobre su posible situación de vulnerabilidad. Paquita lleva 28 años en la vivienda, paga 1.150 euros mensuales y no dispone de una alternativa habitacional en el barrio.
La movilización vecinal y la suspensión cautelar acordada por un juzgado han impedido, al menos temporalmente, el desahucio de Francisca López Ruiz, conocida como Paquita, una mujer de 82 años con párkinson y un grado III de dependencia reconocido que vive en el barrio madrileño de La Latina.
El lanzamiento estaba previsto para este miércoles 22 de julio en el número 6 de la calle Santa Ana. Aunque la suspensión judicial se conoció antes de la hora señalada, decenas de vecinos, comerciantes, sindicatos, asociaciones y colectivos por el derecho a la vivienda acudieron a la convocatoria para mostrar su apoyo a Paquita.
«Hoy es Paquita, mañana puede ser cualquiera»
Durante la concentración se escucharon consignas como «Paquita se queda», «Vecina, despierta, desahucian en tu puerta» y «No toleramos ni un desahucio más». Los establecimientos del entorno también mostraron carteles en respaldo de la afectada.
En un escrito difundido después de la movilización, el colectivo Fuera Rentistas de Nuestros Barrios destacó la respuesta de los asistentes y agradeció el apoyo recibido. También advirtió de que la suspensión no supone una solución definitiva y de que podría establecerse una nueva fecha para ejecutar el lanzamiento.
Veintiocho años viviendo en la misma casa
Paquita reside junto a su hijo Carlos, de 47 años, en esta vivienda desde 1998. Según la información facilitada por la Asociación Vecinal La Chispera, la familia ha pagado puntualmente el alquiler durante todos estos años. La renta actual asciende a 1.150 euros mensuales.
El conflicto comenzó tras el fallecimiento de la antigua propietaria del inmueble en 2023. Sus herederos comunicaron a la inquilina, a través de la sociedad Tolesanta S. L., que el contrato no sería renovado y que debía abandonar la vivienda.
No se trata, por tanto, de un procedimiento iniciado por una acumulación de mensualidades impagadas. Paquita ha explicado públicamente que incluso estaría dispuesta a asumir una subida del alquiler para continuar viviendo en la casa donde ha construido buena parte de su vida.
La mujer llegó a Madrid desde Huelva cuando tenía 15 años. En la vivienda de la calle Santa Ana ha convivido con su familia y ha visto fallecer a su madre y a su marido. Abandonar el domicilio supondría también alejarse de sus amistades, sus comercios habituales y la red de apoyo que necesita debido a su edad y estado de salud.
La amenaza de los pisos turísticos
La Asociación Vecinal La Chispera denuncia que en el edificio existen al menos 21 viviendas de uso turístico que operarían sin la correspondiente autorización. Paquita sostiene que durante los últimos años ha visto cómo los residentes habituales eran sustituidos progresivamente por visitantes temporales.
La afectada y los colectivos que la acompañan consideran que la propiedad pretende recuperar el piso para incorporarlo al negocio del alojamiento turístico o venderlo. Paquita ha expresado su temor a que su vivienda termine convertida en otro apartamento vacacional, aunque este destino futuro no ha sido confirmado oficialmente por la empresa propietaria.
El caso de Paquita refleja la presión inmobiliaria que soportan los barrios del centro de Madrid, donde el aumento de los alojamientos turísticos y del precio de los alquileres dificulta la permanencia de los residentes.
El caso se enmarca en la transformación que atraviesan barrios céntricos como La Latina, donde las asociaciones vecinales alertan de que el crecimiento de los alojamientos turísticos y el encarecimiento de los alquileres están expulsando progresivamente a la población residente.
El juzgado reclama un informe al Ayuntamiento
La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha suspendido cautelarmente el lanzamiento hasta que se compruebe la posible situación de vulnerabilidad de Paquita y de su hijo.
El juzgado ya había solicitado a las administraciones competentes una valoración social de la unidad familiar. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Madrid, reiteró con carácter urgente la petición del informe y paralizó el desahucio mientras se analiza el caso.
El Consistorio sostiene, por su parte, que la familia no se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y afirma que los afectados rechazaron las alternativas planteadas por los servicios sociales municipales.
El Ayuntamiento también había anunciado que Samur Social acudiría al lanzamiento para realizar una valoración y ofrecer, si fuera necesario, un alojamiento temporal dentro del dispositivo de emergencia social.
La alternativa reclamada por Paquita y por la Asociación Vecinal La Chispera es una vivienda estable y situada en el mismo barrio. Los colectivos consideran que un alojamiento temporal y alejado de su entorno no garantiza una solución adecuada para una mujer de 82 años con el máximo grado de dependencia.
Una suspensión, pero no una solución definitiva
La decisión judicial ha permitido que Paquita continúe en su casa, pero el procedimiento permanece abierto. El juzgado deberá estudiar el informe social del Ayuntamiento antes de determinar los siguientes pasos y todavía podría fijarse una nueva fecha para ejecutar el lanzamiento.
La concentración celebrada en la calle Santa Ana ha convertido su situación en un símbolo de la resistencia vecinal frente a los desahucios, la especulación inmobiliaria y la turistificación del centro de Madrid.
Paquita se queda, pero el riesgo continúa. El barrio ya ha avisado de que volverá a movilizarse si se establece una nueva fecha de desahucio.
Visiblemente emocionada, Paquita agradeció el apoyo recibido y reclamó humanidad a las instituciones. El mensaje que recorrió el barrio durante toda la mañana fue claro: «Hoy es Paquita, mañana puede ser cualquiera».
